Argentina es uno de los países con mayor carga horaria laboral. Se encuentra muy por encima de los promedios anuales de los países más desarrollados, como Alemania y Estados Unidos. En consonancia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el diputado nacional Hugo Yasky elaboró un proyecto de ley de reducción de jornada laboral, que será presentado en los próximos días.
Si bien en nuestro país continúa vigente la ley 11.544 del año 1.929, que estableció la jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales, desde el Siglo XIX se viene planteando en todo el mundo la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo, no sólo para preservar la salud psicofísica de los trabajadores, sino también como medida para frenar el desempleo.
En Francia, en los años 1.998 y 2.000, se dictaron leyes que establecieron jornadas de 35 horas semanales en las empresas de más de 20 trabajadores, a través de acuerdos que suscribieron sindicatos y empresas. Se crearon de esta manera 300.000 nuevos empleos.
En Alemania, las empresas que se encuentran en grave crisis, cuentan con la posibilidad de recurrir, mediante acuerdos, a la reducción de jornada laboral por el plazo máximo de un año. En esos casos, un porcentaje de los haberes son abonados a través de un subsidio que otorga el Estado.
En Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern, en el mes de mayo ya había comenzado a vislumbrar la posibilidad de establecer una jornada laboral de cuatro días. Ello, luego de transcurridos varios meses de pandemia, en los que se tomó nota de los beneficios obtenidos por las personas que trabajaron desde su casa, y la productividad que tuvo como resultado. El objetivo buscado es el de promover el turismo doméstico, al contar los trabajadores con mayor tiempo libre, a la vez que se estimula la economía.
En Chile, desde el año 2.005 se redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas a la semana. Quedó probado que esta reducción no tuvo un impacto negativo ni sobre el empleo ni sobre los salarios. Más aún, hace pocos días, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Ley presentado por las opositoras Camila Vallejo y Karol Cariola, que rebaja la jornada a 40 horas semanales. Esto también surgió a consecuencia de la desigualdad económica y social del país vecino, que profundizó una crisis acentuada desde el comienzo de la pandemia.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Convenio Nº 47 y su posterior Recomendación Nº 116, propone reducir las horas de trabajo a una semana de 40 horas laborables, para lograr un mayor equilibrio entre la vida familiar y el trabajo.
La reducción de la jornada laboral es necesaria para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, a la vez que implica un aumento de los beneficios para los empleadores, ya que de esta forma se incrementa la productividad marginal del trabajo. A esta conclusión arribaron las diversas corrientes y teorías económicas, y significa que a mayor cantidad de horas trabajadas, menor es el producto que se obtiene por cada una de aquellas, y a la inversa.
Entonces, uno de los efectos de la revolución tecnológica debería incluir el incremento del tiempo libre, ya que se ha demostrado que se puede producir incluso más, trabajando menos horas. Ello, sumado a la necesidad de proteger la salud psicofísica de los trabajadores, y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Se ha probado también que el aumento de la siniestralidad (como los accidentes laborales) y el crecimiento de las enfermedades psíquicas (fatiga crónica, trastornos y alteraciones del sueño) padecidos por los trabajadores, es producto de la extensión y flexibilización de la jornada, tal como la conocemos en nuestro país, y en general, en el mundo.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, es una necesidad de la clase trabajadora a nivel mundial, y particularmente en Argentina, donde no se han podido recuperar los puestos de trabajo perdidos durante los últimos cuatro años de gobierno, y que se agravó por la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, una parte del empresariado de nuestro país pretende que se regrese al trabajo con los salarios ya devaluados, y que el Estado continúe pagando hasta el 50% de los mismos a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
En suma, el proyecto de ley elaborado por Yasky, y que fue consensuado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), implica la adopción de políticas necesarias en la actual coyuntura del Covid-19, ya que la reducción de la jornada laboral redundará en beneficios para los trabajadores y las trabajadoras, y también para las empresas y el propio Estado.
Por Laura Cociglio, Abogada Especialista en Derecho del Trabajo.
*M.P. 1-37197 *CSJN Tº 505 Fº 66
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