El 8 de marzo de 1908, las trabajadoras de la fábrica Cotton de Nueva York (EEUU) se encontraban realizando una huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio, y según las denuncias de la época, provocó un incendio en la fábrica que culminó con la muerte de 129 mujeres trabajadoras.
Sintéticamente, el motivo de la huelga había sido la reducción de la jornada laboral a diez horas, ya que en aquel entonces las jornadas eran de doce e incluso más horas diarias. Además, reclamaban por condiciones dignas de trabajo, e igual remuneración respecto de los hombres, que percibían mejores salarios que las mujeres, por las mismas tareas.
La historia del movimiento feminista puede encontrar sus raíces en aquella masacre, producida por hombres que no sólo eran los dueños del capital, sino que también ejercían el poder en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, laboral y judicial, producto del sistema patriarcal imperante.
En 1910 se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Y en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.
Desde entonces, todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. En este complejo año 2021, una de las principales demandas del movimiento feminista, es el pedido por una justicia antipatriarcal.
Es que hoy resulta imposible concebir una sociedad igualitaria sin combatir al sistema patriarcal. Para ello es necesario que desde el Estado se generen políticas públicas con perspectiva de género, ya que ningún progreso es posible sin la participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
Sin embargo, un informe reciente del Secretario General de las Naciones Unidas concluyó que las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública y en la toma de decisiones. Concretamente, las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países, y únicamente el 24,9% de los parlamentarios nacionales son mujeres. A este ritmo, la igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno tardará otros 130 años.
Paralelamente, en medio de una crisis económica global producto de la pandemia, se ha evidenciado que mayoritariamente las mujeres se encuentran en la primera línea al frente de la lucha contra el Covid-19, ya sea como trabajadoras del sector de la salud, como científicas, médicas y cuidadoras. No obstante lo cual, ganan un 11% menos en comparación con sus pares varones.
Vemos entonces que, a pesar de los avances producidos desde aquél fatídico 8 de marzo de 1908, actualmente a nivel mundial y también en nuestro país, continúa rigiendo un sistema patriarcal en donde impera la desigualdad entre hombres y mujeres, sumado ahora el colectivo denominado LGBT.
Lograr la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y el colectivo LGBT no parece un camino sencillo de transitar, a pesar de que en los últimos años se han registrado grandes avances en materia de derechos y representación.
Una de las manifestaciones más comunes del patriarcado es la violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres, a todo nivel. En su extremo, el femicidio.
Pero la violencia no sólo se ejerce en el ámbito privado, intra familiar, social y laboral, sino también desde el Estado. Es por ello que resultan tan importantes las herramientas legales derivadas de políticas públicas orientadas a la supresión de todas las formas de discriminación y de violencia, en definitiva, de desigualdad entre hombres, mujeres y LGBT.
La Argentina ha sido pionera en materia de igualdad de derechos, y particularmente bajo los gobiernos de Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Así, en 1947 las mujeres accedieron al voto, y pudiendo ser candidatas, cuatro años después ocuparon los primeros cargos como legisladoras. En la segunda presidencia de Perón se legalizó el divorcio vincular, que fue suprimido por la dictadura de 1955, y posteriormente restituído con la vuelta de la democracia en la década de 1980. Durante los años 2003 al 2015 se sancionaron la mayor cantidad de leyes igualitarias, desde el retorno de la democracia. Entre ellas, acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, Educación Sexual Integral, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Reproducción Asistida, Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, entre otras. La modificación al Código Penal, que introdujo la figura del femicidio, también fue un gran avance en la lucha contra la violencia machista. Y este año 2021, se sancionó la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La importancia de la llamada “Ley Micaela” fue tratada en mi columna del día 08/09/2020
(Ver: https://www.resumendelaregion.com/?p=150228).
El Día Internacional de la Mujer nació con motivo de la masacre de un centenar de mujeres trabajadoras, que peleaban por la igualdad de derechos con sus pares varones, y por la mejora de sus condiciones laborales. Es por ello que se lo considera un día de conmemoración, y no de trivial festejo. El uso comercial y mediático que se le atribuye, ya no puede acallar el grito de millones de mujeres que entendieron que a pesar de los avances, la lucha continúa.
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