La Junta Electoral Nacional de Córdoba que integra el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Abel Sánchez Torres, el juez federal con competencia electoral, Ricardo Bustos Fierro, y la titular del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti rechazó la solicitud formulada por 32 municipios de la Provincia de realizar sendas consultas populares en forma simultánea con las elecciones de diputados nacionales del 22 de octubre próximo.
Cabe recordar que hace unos días atrás, se realizó una audiencia pública en la que apoderados de los distintos partidos se expresaron al respecto. En el marco de esa instancia realizada en la Justicia Electoral, Unión por Córdoba rechazó a todas las consultas populares de cara a octubre, junto con el Frente de Izquierda Popular, Encuentro Vecinal Córdoba e Izquierda por el Frente. Cambiemos, al contrario, insistió sobre la legitimidad y coherencia del acto referendario. La posición de UPC, mostró cierta contradicción con la postura de intendentes peronistas que impulsaron la propuesta y la sometieron a sus respectivos Concejos Deliberantes.
Tal vez el resultado de las PASO y la constatación que una estrategia focalizada en el federalismo y en reparto de recursos, no había convencido demasiado, hizo que desde el Panal se decidiera no apostar más a la consulta.
Torres, el vocero
“¿Está de acuerdo con que la Nación reduzca los subsidios otorgados a los servicios públicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires y reparta los mismos de manera más equitativa y proporcionada entre todas las Provincias?”
Este era el texto de la consulta que presentó Facundo Torres en nuestra ciudad, ya aprobada por el cuerpo legislativo local y parte de un proyecto que involucraba a 50 intendentes peronistas de Córdoba, que acordaron llevar adelante este acto referendario en sus municipios, luego que el Intendente de Córdoba, Ramón Mestre propusiera meses atrás, que se realice una consulta popular en la que el ciudadano capitalino debería evaluar la gestión municipal y el accionar gremial de los choferes del transporte urbano de pasajeros. Hablando de “un artilugio electoral” de Mestre, Torres se hizo eco de los reclamos de todos los intendentes y fue quien, mayormente, se expuso en los medios provinciales en la defensa y fundamentación política de la propuesta.
¿Por qué no?
En la resolución difundida por la redes ayer, se pueden leer los fundamentos de la Junta Electoral que hacen hincapié que, elegir legisladores y pronunciarse sobre asuntos de la vida pública son cuestiones «de naturaleza distinta». Además, difieren en cuanto a participación, “en cuanto en la primera es obligatoria y los resultados de la elección inciden directa y necesariamente en la constitución de los órganos de gobierno” (…) mientras no ocurre lo mismo con la consulta.
Además remarca que “el votante no puede verse directa o indirectamente confundido y como consecuencia de ello exprese su voluntad en forma equivocada o diferente a lo que realmente sea su intención”.
“Entendemos los criterios”
Consultado por RESUMEN, el intendente de nuestra ciudad: “La Justicia Electoral Federal tomó una clara postura acerca de evitar las consultas populares el mismo día en el que se llevan adelante las elecciones. Es entendible y nosotros en algún momento evaluamos la posibilidad de llevar adelante la consulta además porque estamos absolutamente convencido que todos los vecinos están a favor de estos reclamos”. En cuanto a la posibilidad de que haya sido una simple maniobra política, Torres aclaró: “El artilugio político fue él de Mestre, como una picardía para aprovechar el mismo día de las elecciones para saber lo que pensaban los vecinos y fortalecerse. Antes eso, entendimos que no era el momento, y por eso entendemos los criterios, pero nos pareció que podíamos proponer nosotros también una consulta, tratando de visibilizar cuestiones que hagan reflexionar al vecino al momento de votar”.