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Ordenanzas desactualizadas, un freno para el progreso de la ciudad

Toda ciudad que se precie de tener un mínimo de planificación, debe poseer normativas básicas que lo permitan. Un crecimiento pensado y organizado debe ser la base de una urbe que tenga vistas a futuro. A tales efectos, en el año 2010, el Concejo Deliberante de Alta Gracia aprobó por Ordenanza Nº 8548, el POUT (Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial), producto del trabajo de un grupo de profesionales. El nuevo orden llegó para reemplazar un viejo Código que estaba vigente desde 1982, producto del gobierno de facto, y que poco tenía que ver con la realidad.
Ahora bien. A 6 años de su puesta en vigencia, lo que fue en su momento una herramienta para ordenar el crecimiento, termina convirtiéndose en un corset legal para más de una iniciativa. Nadie se atreve a poner en duda la calidad del trabajo original que derivó en ordenanza, pero todos coinciden en que hay que modificarla, adecuarla a los tiempos actuales y replantearla pensando en la ciudad que se pretende tener de acá a varias décadas.
Todos hablan, pero…
Desde hace bastante tiempo se escuchan voces coincidentes en la necesidad de modificar el actual POUT. Desde el Colegio de Arquitectos, Rodrigo Barrientos dijo, allá por noviembre de 2015: “Desde hace 5 meses el Colegio de Arquitectos de Alta Gracia se puso a trabajar en la conformación de comisiones que articularán de manera conjunta la modificación del POUT.”. El profesional hablaba de “hacer un Plan Director para la ciudad con una planificación a 20 o 30 años”.
Hace rato ya que desde el Ejecutivo hablan de meter mano en la ordenanza vigente. “Es necesario rehacer el POUT”, dijo Facundo Torres en conferencia de prensa el 3 de marzo pasado cuando anunció formalmente una ronda de consultas y trabajos conjuntos con instituciones y profesionales del medio. Hasta ahora, el expediente forma parte de la alta pila de buenas ideas sin mucho avance. Todo sigue como era entonces. En esa reunión Torres derivó en su vice la responsabilidad de organizar reuniones con distintos sectores para ir avanzando. O las reuniones nunca progresaron, o las convirtieron en secreto de Estado, porque nunca más se supo de ellas. Seis meses después, el discurso sigue siendo el mismo.
Como si fuera poco, unos meses antes (bajo la gestión Saieg), el Secretario de Infraestructura, Héctor Bupo, había dicho: “Al POUT debemos modificarlo nosotros”, en clara referencia a que los cambios no debían estar en manos de las entidades, sino que debía ser la Municipalidad quien debería llevarlo a cabo. Hasta ahora, inteligentes palabras sin acciones a la par.
Las normas madre
El POUT, la ordenanza sobre ambiente, la que rige la instalación de grandes superficies comerciales son todas normas madre para otras ordenanzas. A la sombra de la fría interpretación de su letra, y teniendo muy poco en cuenta su espíritu, se han convertido desde hace un buen tiempo en una verdadera máquina de impedir el crecimiento de la ciudad.
A decir verdad, muchos emprendimientos privados están funcionando o fueron autorizados para avanzar por la vía de la excepción. Lo que debiera ser un hecho puntual, termina convirtiéndose en el camino utilizado para destrabar proyectos que van más allá de los límites de ordenanzas caducas. Materia para otra discusión será sondear los misterios de por qué algunos pedidos de excepción son aprobados de forma casi inmediata y otros duermen eternamente en los cajones de los ediles.
Sobran ejemplos
Sin dudas que ejemplos sobran al momento de ilustrar estos conceptos. Hoy, funcionan en nuestra ciudad geriátricos habilitados provisoriamente por la vía de la excepción, porque se ubican en lugares no habilitados por el POUT; se construye un edificio para consultorios médicos en la esquina de Lozada y Arzobispo Castellanos, que también debe hacerse sin la aprobacion “legal” de una ordenanza que le pone trabas. A ello habría que sumarle el ejemplo de los boliches bailables, un caso que hace años reclama una solución mientras la noche de la ciudad languidece en pocas manos. Hoy, el POUT indica que estos emprendimientos debieran instalarse en la ruta de enlace a la C45, un lugar que dentro de muy poco tiempo quedará inmerso en la mancha urbana que se extiende a pasos agigantados en ese sector.
Emprendimientos inmobiliarios literalmente frenados por las ordenanzas, edificios que han quedado en proyectos porque no han sido habilitados (en el predio de la ex Terminal de Omnibus está previsto desde hace años construir un complejo edilicio), restaurantes que para poder abrir sus puertas deben transitar los pasillos judiciales, intenciones de inversión que no prosperan. Y todo ello, en el escenario de una ciudad que necesita imperiosamente progresar, ampliar sus fuentes de trabajo, cambiar la cara y tener vida laboral propia al compás de un crecimiento demográfico notorio en los últimos años.

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