El Gobierno Nacional ha anunciado la reducción del 40% de los Registros del Automotor en todo el país, como parte de una iniciativa destinada a optimizar la eficiencia administrativa y reducir costos. Esta decisión se basa en los resultados de una auditoría realizada en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

Desde el Ministerio de Justicia se ha emitido un comunicado planteando las modificaciones que se pondrán en marcha. Entre los puntos destacados de la reforma del Registro del Automotor, se incluyen:

Cierre del 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que han estado intervenidos durante más de 2 años.
Reducción del 30% del personal en la Dirección de Registros Automotor, mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA), eliminando así la obligación de reportar la venta de un vehículo a la AFIP.
Eliminación de la «cédula azul» a partir de mayo, permitiendo la circulación nacional con la exhibición física o digital de la cédula verde del titular del vehículo.
Eliminación del vencimiento de todas las cédulas verdes.
Responsabilidad de los titulares de registros seccionales en cubrir el 100% de sus costos operativos, con el Ministerio de Justicia supervisando la estructura de costos.
Compromiso de digitalizar todos los legajos de vehículos para establecer un registro digital completo.
Incentivo a las provincias para reducir impuestos de sellos y patentes provinciales.
Propuesta de implementar un régimen de concursos para evitar la contratación de personas con cargos políticos recientes, sus familiares y aquellos que no cumplan con los requisitos de idoneidad y experiencia.
Auditoría del sistema de fiscalización de registros seccionales por parte de la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
Derogación del régimen que otorgaba el monopolio de la compra de insumos a la Casa de la Moneda.
Digitalización de la verificación policial de vehículos.
Aumento del importe que obliga a informar al Estado sobre el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

Además, se ha anunciado el inicio de la segunda etapa de la auditoría, con el objetivo de revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización del proceso y reducir significativamente los costos de transferencias y patentamientos. Este proceso marca un cambio profundo en la gestión y operación del Registro del Automotor en el país.

Siendo este un comunicado preliminar, aun no hay información de cómo impactarán estas modificaciones en Alta Gracia.